
Foto 1: Desfile de la guarnición de Toay por la Avenida Uruguay en plena dictadura (Año 1979).
En cercanías de La Adela, al sur de la provincia sobre las márgenes del río Colorado, se descubrieron en abril de 1976 dos asesinatos con claras vinculaciones con el Terrorismo de Estado. En campos ubicados a pocos kilómetros de esa población, la policía local encontró los cuerpos masacrados y hasta dinamitados de dos hombres.
El caso de los asesinatos fue denunciado a la justicia por el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos en diciembre de 1983. En la presentación, realizada ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, se indicó que, según informaciones no corroboradas, en campos cercanos a esa localidad habían aparecido varios cuerpos acribillados y volados a poco de instaurado el denominado Proceso de Reorganización Nacional. Los denunciantes agregaron que, en ese momento, el comisario local informó del hecho al entonces interventor militar de la provincia, el general Enrique Aguirre Arrieta, durante una gira que realizó por el sur semanas después y que éste había ordenado “tapar inmediatamente el asunto”. Poco después, el Juzgado comenzó a recibir declaraciones de testigos.
Volados
El oficial a cargo de la comisaría de La Adela entre octubre de 1974 y febrero de 1977 fue Carlos Bazán. En 1984 el uniformado relató lo que recordaba del caso: entre enero y marzo de 1976, en el kilómetro 807 de la ruta nacional 22, a 300 metros dentro de un campo, el encargado del establecimiento rural halló los restos acribillados de dos hombres vestidos con pantalón y con el torso desnudo, colocados boca abajo y cabeza con cabeza. Tenían gran cantidad de disparos en sus cuerpos y entre ambas cabezas sus ejecutores les habían hecho estallar una carga de trotyl. Los rostros de ambos cuerpos habían sido volados y a uno de los restos le faltaba un brazo. Bazán agregó que en el sitio “se encontraron proyectiles y vainas de distintos calibres y un cortapapeles”. El comisario aseguró que los cuerpos llevaban tirados al menos 45 días en el lugar. Los dos cuerpos fueron enterrados en el cementario de La Adela como NN a fines de abril de 1976. En junio del año siguiente habían sido identificados por sus familiares.
En 1984 se especuló con que los autores de los asesinatos podrían haber sido matones sindicales que actuaron antes del golpe y que respondían al diputado justicialista Rodolfo Ponce.
Las víctimas
Como se supuso desde el principio de la historia, las personas provenían de Bahía Blanca. Las víctimas eran Daniel Riganti, un ingeniero electrónico de 29 años que trabajaba en la empresa bahiense Proa y que tenía dos hijos. Era hermano de Jorge Riganti, integrante de una organización armada y que había muerto en La Plata años antes -según relató Bazán-. El otro era Juan Carlos Prádanos, también ingeniero, profesor universitario y residente en Bahía Blanca.

Foto 2: Luis Baraldini era Jefe de Policía en 1976, cuando aparecieron los cadáveres en La Adela.
A los testimonios del comisario Bazán se le sumaron otros para confirmar sus aportes. El médico cirujano Alfredo Gnaden declaró que en el '76 revisó los cuerpos y que habían sido encontrados en el paraje denominado El Meridiano 36 o Gaviotas, en las inmediaciones de una playa de estacionamiento para camiones, a 50 metros de la ruta y a 30 metros del alambrado del campo. Describió también de igual manera la escena del crimen: los dos hombres arrojados, uno cerca del otro, con sus rostros juntos, acribillados y desfigurados y uno sin un brazo. Pero agregó que había en el suelo entre 40 y 50 proyectiles de 45 y 9 milímetros y cinco de Itaka. También panes de trotyl. Indicó que según pudo establecer, habían muerto al menos 60 días antes de su hallazgo. El lugar no pudo haber sido mejor elegido por los represores: estaban en un sitio que no era recorrido por la hacienda y donde ocurrían permanentes detonaciones ya que se estaba construyendo un acueducto.
Mercedes, la viuda de Prádanos, relató en marzo de 2007 que su esposo (con quien vivía en la localidad de Hilario Ascasubi) pasó en esos días por la vivienda de la madre de Mercedes en Darwin 623 en Bahía Blanca a raíz de un desperfecto mecánico. La mujer tenía una pensión y uno de los jóvenes estudiantes que estaba alojado allí era buscado por la policía de la Unidad Regional desde hacía un año.
Fue entonces que desapareció Prádanos. “Habían pasado tres días y como mi esposo no aparecía empecé a buscarlo. Encontré, en una agenda de mi madre el número de la Unidad Regional y cuando pregunté por López, me dijeron que era de inteligencia. Luego me entrevisté con gente del Ejército y me preguntaron: Pero ¿cómo, ustedes no vivían ahí?”, afirmó a un programa radial.
La mujer dijo que un año después de la desaparición de su esposo, el general René Azpitarte “me citó a su casa del barrio Palihue. En esa entrevista, a la que asistí con mis cinco hijos, me manifestó que Juan no tenía vinculación con ningún delito y que iba a hacer todo lo posible para que lo liberaran. Me fui con tanta esperanza y tan contenta de ese lugar que compré masas de confitería y un reloj para regalárselo a mi marido. Luego me llegó un anónimo diciendo que mi esposo no tendría que haber sido detenido, que me pedían perdón, pero que su cuerpo había sido hallado en La Pampa. Es obvio que cuando Azpitarte dialogó conmigo ya sabía de la suerte de mi marido”.
Comentó después que “tuve que viajar a General Acha para reconocer el cuerpo. Cuando llegué me miraron como la esposa de un delincuente. Sé que lo mataron el mismo día que lo secuestraron”.
Actualmente, el caso de La Adela forma parte de la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en jurisdicción del I Cuerpo de Ejército, en la que también están procesados doce represores que cumplieron funciones en La Pampa durante la dictadura.
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